Milei veta la Ley de Financiamiento Universitario: implicaciones y reacciones del sector educativo
Veto presidencial al financiamiento universitario
Mediante el decreto 647/2025, el Presidente Javier Milei vetó este miércoles la Ley de Financiamiento Universitaria, que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación.
La norma vetada establecía la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con actualizaciones bimestrales para este año. Además, contemplaba la actualización de salarios para docentes y no docentes universitarios desde diciembre 2023 hasta la sanción de la ley, con ajustes no inferiores al IPC.
Argumentos del Gobierno
El Gobierno argumentó que la implementación de la ley generaría un aumento significativo del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos. Según la Casa Rosada, este gasto ‘sin respaldo real’ solo podría financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables.
Reacciones y próximos pasos
La Cámara de Diputados había aprobado este proyecto con 158 votos afirmativos, sin alcanzar los dos tercios, la mayoría especial que los opositores deben conseguir ahora para cancelar el veto presidencial y poder volver a tratar el proyecto inicial.
Los sindicatos universitarios anunciaron que realizarán un nuevo paro y cortes de calle en las facultades. Además, se movilizarán hasta el Congreso cuando el veto sea discutido. Según Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, ‘Hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario, y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo’.
Antecedentes y contexto
Las autoridades universitarias recordaron que una iniciativa similar fue aprobada en 2024 y luego vetada totalmente por la Presidencia. Esta decisión derivó en una reducción cercana a la mitad del poder adquisitivo de los salarios del sector, agravada por la falta de recomposición ante la inflación. En marzo, la UBA declaró la emergencia salarial y advirtió sobre el impacto de la situación en el funcionamiento de la vida universitaria.
